Los fundamentos sostienen que en los años 2019 y 2020, ante el agravamiento de la crisis económica y su impacto social, organizaciones de trabajadoras y trabajadores desocupados de todo el país, y en este caso en la localidad de Zapala, realizaron diversas acciones empujados por la necesidad de poder alimentar a sus familias tras el reclamo de acceso a un trabajo digno. Agregan que las medidas adoptadas bajo ese estado de necesidad social, luego de haber agotado las instancias de peticiones ante el gobierno que no fueron atendidas, no puede ser causa de judicialización.

El proyecto (14700) ingresó por Mesa de Entradas el 5 de octubre.