El Tribunal de Cuentas de la Provincia declaró la responsabilidad administrativa patrimonial de Martínez y de funcionarios que la acompañaron durante el ejercicio municipal de 2013.

Se difundió que la rendición de cuentas realizada por los funcionarios municipales no habría sido precisa y la auditoria pudo comprobar la existencia de un perjuicio económico.

Si bien el Tribunal, absolvió a los funcionarios de algunas observaciones que había realizado en una primera instancia, dejó firme la condena expresada en el Artículo 3 del Acuerdo JR-9697, publicado en el Boletín Oficial de la provincia.

Una vez notificada, Soledad Martínez tiene un plazo de 20 días para depositar de manera solidaria, -tal cual expresa el Acuerdo- la suma reclamada de 444.762 pesos. Lo deberá hacer en una cuenta habilitada para tal fin y luego realizar el descargo ante el Tribunal.