La decisión está plasmada en un proyecto de ley, que ya fue presentado en el Congreso de la Nación y que apunta a desdoblar las actuales estructuras, para que los organismos del fuero penal puedan avanzar más rápido en las causas relacionadas con la droga.

El primer diseño del nuevo mapa judicial del país contempla la incorporación de 94 nuevos magistrados. Dentro de ese global, Río Negro tendría tres jueces más y Neuquén uno, que se sumarían a los seis funcionarios que están al frente de los juzgados de primera instancia de la capital neuquina (dos), Zapala, Roca, Bariloche y Viedma.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó la semana pasada a representantes de todas las jurisdicciones del país, para detallar la iniciativa y despejar dudas sobre el proceso de incorporación de los nuevos jueces.

Allí se destacó que los cambios impulsados se complementarán con otro proceso significativo que experimentará la Justicia Federal en los próximos meses, a través de la reforma del Código Procesal Penal.

La prueba piloto de este sistema en el que los jueces de primera instancia se convertirán en jueces de garantías se dará en Salta a principios del año que viene. Luego está prevista una segunda experiencia en Chubut, para avanzar paulatinamente hacia el resto del país.

El plan “Argentina sin narcotráfico” fue presentado a principios de junio por el gobierno nacional, con respaldo de los principales referentes de la oposición y de la Justicia.

Fuentes de los tribunales federales de Roca explicaron que el proyecto no supone la multiplicación de la estructura judicial, sino que se trata básicamente de una reorganización, en la que cada juzgado tendrá competencia exclusiva o más acotada que la actual.

Hasta el momento los jueces federales de la región están a cargo de tres secretarías: penal, civil y tributaria y previsional.

De aprobarse el proyecto de reforma, los actuales magistrados podrán elegir en cuál de esos fueros quieren seguir trabajando, abriéndose un concurso para designar a otro juez para el fuero vacante.

La intención del oficialismo nacional es concretar esas designaciones en forma acelerada, a través de concursos de seis meses de duración, con exámenes que se realizarán en directo a través de la web.