El Ejército solicitó el desalojo de un edificio completo en el barrio 582 viviendas de la ciudad de Zapala. La causa, radicada en el fuero federal, apunta a recuperar la torre que la fuerza reclama como propia desde la construcción del barrio, a principios de los años 80.

Los departamentos están ocupados actualmente por familias que tienen o tuvieron relación directa con personal o expersonal del Ejército Argentino y que se resisten a entregarlos.

La defensoría federal a cargo de los doctores Gabriel Rouret y Gonzalo Vergés ya planteó un recurso de inadmisibilidad en favor de los cuales ocupantes. El argumento principal en el que se sustenta el planteo inicial apunta a que las Fuerzas Armadas no cuentan con la escritura de los departamentos.

Según esta posición que plantean los defensores de los vecinos, el Ejército nunca avanzó con el proceso de escrituración de esa torre de viviendas pese que así se había comprometido en la década de los 80 con el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Detrás de la disputa legal quedan varias familias cuyo techo depende de la resolución que tome la justicia federal. Muchas de estas personas son exesposas de militares de diferente rango que recibieron las viviendas en calidad de préstamo.

Según trascendió, nunca se firmó un contrato de alquiler o comodato de los departamentos. El objetivo de los ocupantes es ahora concretar a su favor un traspaso directo con el IPVU que les permita establecer un plan de pago y cancelar el valor total de los inmuebles para continuar viviendo allí.

Esta torre forma parte de numerosas viviendas que la provincia le cedió al Ejército en la década del 80 bajo el compromiso de que se efectivizaría su escrituración, situación que según lo denunciado nunca sucedió.

Por tratarse de viviendas del Estado no pueden alquilarse ni comercializarse hasta tanto se encuentren canceladas con la escritura a favor del propietario actual.

Más allá de la resolución final que la justicia adopte en este caso puntual, la denuncia podría crear una jurisprudencia ya que de acuerdo a los trascendidos a los que accedió “Río Negro” existirían otras viviendas en la misma situación en diversas localidades de la provincia.

Fuente: diario RN.